Comparto con vosotros algunas consideraciones sobre el recurso cameral:
1. Se trata de una tasa obligatoria por la percepción o no de unos servicios, pero no convive al margen de la opinión pública. ¿Creemos que las asociaciones y otros entes empresariales relevantes sobreviven exclusivamente con la cuota de sus afiliados?
2. La ley impone que 2/3 partes del montante debe ir al fomento de la promoción. Las Cámaras son permeables en todos los ámbitos sectoriales y geográficos: Local (Alcoy, Orihuela), provincial (Alicante); regional (Consejo de la Comunidad); nacional (Consejo Superior); supranacional (Asamblea Europea, Iberoamericana).
3. Es una tasa que se calcula en función del rendimiento. Veamos algunos números. Se calcula que el 1% de las grandes empresas aportan el 65% de los recursos. El 90% de las empresas, las pymes objetivo de los servicios camerales, hacen frente sólo al 35% restante.
4. Las Cámaras tienen con ella su labor consultiva legitimada, representan a todas las empresas. Su tarea “paraempresarial” fomenta el diálogo social y el empleo indirecto.
5. Las Cámaras son casas de sociedades, gobernadas por empresarios democráticamente elegidos y con personal propio. Este staff son personas y familias: 3.500 empleos tocados directamente por esta medida.
Si yo, personita parcial soy capaz de hacer esta liviana reflexión ¿por qué no ha actuado el Gobierno con parecida diligencia? No nos centremos sólo en la medida, con la que incluso puedo estar de acuerdo, sino en la forma de proceder. El nuevo decreto es tan negligente e improvisado como unilateral y deja en un limbo jurídico a estos organismos: sin financiación pero con las mismas obligaciones. Sin previo aviso y sin debate. Por todo esto nos manifestamos el pasado martes. Toca reaccionar.
Publicado en el Diario Información de Alicante, 14 enero de 2011.
